El próximo viernes día 19 de octubre a las 18:30 en el salón de actos de la CCM (C/San José de Calasanz s/n) tendrá lugar una conferencia sobre la ley hipotecaria y el sobreendeudamiento. Participarán:
- Ximo Bosch Grau, portavoz nacional de Jueces para la Democracia.
- Francisco Molinero Hoyos por el PP,
- Manuel González Ramos por el PSOE
- Ricardo Sixto Iglesias por IU.
- Antonio Selva Iniesta, ex-directivo de entidad bancaria.
- María García por Stop Desahucios Albacete.
COMUNICADO
CONJUNTO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y STOP DESAHUCIOS ALBACETE
Un
estado decente no puede permitirse 500 desahucios diarios con 5
millones de pisos vacios.
A
punto de terminar nuestra Iniciativa Legislativa Popular por la que
llevaremos mas de las 500.000 firmas necesarias para reformar la ley
hipotecaria para conseguir el triple objetivo de la Dación de Pago
retroactiva, el alquiler social y paralización de los desahucios,
desde Stop Desahucios de Albacete conjuntamente con Jueces
para la Democracia, queremos hacer público el enorme
contrasentido que supone para cualquier estado de derecho que se
precie, según el cual se permiten 500 desahucios cada día en
España, mientras el propio estado –después de la nacionalización
de Bankia- las distintas entidades financieras, promotoras y
particulares mantienen de 5 a 6 millones de viviendas vacías. Un
contrasentido tan escandaloso como el que se tiren miles de kg de
alimentos cada día a la basura, mientras tanta gente pasa hambre y
rebusca en las mismas para intentar sobrevivir.
Decenas
de miles de familias se sienten en este país desamparadas y
desprotegidas políticamente mientras no se discuta y apruebe
en las Cortes la reforma de la Ley actual; económicamente,
porque no pueden pagar unas abusivas hipotecas ante la situación de
paro y precariedad que viven; y socialmente, por un pernicioso
sistema de acceso a la vivienda basado en la especulación.
- Nuestra alternativa hoy día va mucho más allá de esa Reforma de la Ley Hipotecaria que debe contemplar ineludiblemente la Dación en pago efectiva y retroactiva, y dada la acuciante necesidad de tantísimas familias, el realojo en viviendas sociales con una renta mensual de arrendamiento que no supere el 30% de los ingresos mensuales del arrendatario.
- Demandamos en este sentido un Parque público de viviendas de alquiler social que además de paliar la grave situación que padecen miles de familias evite que la vivienda siga siendo una forma de inversión especulativa, y garantice efectivamente el derecho a la vivienda digna
- Por eso exigimos además, una Ley de Sobreendeudamiento que evite la avaricia de las entidades financieras y proteja a las personas que, sobreendeudadas de buena fe, se hallen en grave riesgo de exclusión social.
- Y finalmente pedimos una Moratoria para las ejecuciones hipotecarias a las personas en situación de desempleo, como ya se ha empezado a considerar en el País Vasco con la creación del Servicio de de Ayuda al Sobreendeudamiento Familiar que, en sólo unos meses, ya ha logrado sortear muchos desalojos. Con esta moratoria sería preceptivo lo que ahora es voluntario, y entonces los bancos no podrían llevar a cabo una ejecución hipotecaria, ni extrajudicial, si la vivienda hipotecada es la vivienda familiar de personas desempleadas mientras éstas no puedan acometer dicho pago.
Consideramos
altamente reprobable la actual proporción que existe en nuestro
sistema legal: uno compra una vivienda con un valor y para pagar su
precio a plazos se articula una hipoteca, los bancos tasan dicha
vivienda al precio que les parece conveniente y deciden prestar ese
dinero para pagar la vivienda. Hoy el valor de los inmuebles ha
bajado muy sustancialmente pero esa situación de pérdida de valor
sólo la soporta el deudor que verá como el Banco se adjudica su
vivienda por un valor ínfimo, no sólo inferior al tasado sino
incluso al actual de mercado, mientras él debe seguir soportando el
resto de la deuda. Se deshace la compra pero el ciudadano en ese
“deshacer” pierde la vivienda, pierde lo pagado a cuenta, y sigue
manteniendo deuda por lo que ya no es suyo, deuda que el Banco
seguirá ejecutando. Es una situación injusta que es cuestionada por
algunos tribunales.
Reivindicamos
un nuevo “derecho al realojo”, que sería la lógica
consecuencia del derecho a una vivienda digna que proclaman
los arts. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 47 de
la Constitución Española, pues “Un Estado Social debiera
garantizar dicho derecho en los casos en que se produjeran desalojos
de familias, a las que entre todos habría de asegurarse el derecho a
la vivienda”.
Terminamos
denunciando la hipócrita disparidad que supone por un lado el
rescate a Bankia (y al sector financiero en general) mediante su
recapitalización millonaria con dinero público y por otro, la falta
de voluntad por rescatar a las personas que han tenido la desgracia
de ser víctimas de un sistema injusto y perverso que necesitan una
ayuda comparativamente ridícula. Por un rescate a las personas en
lugar de a los bancos, dación en pago retroactiva, y alquiler social
ya!
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