NO A LA VENTA DE SUELO MUNICIPAL. SÍ AL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

El estallido de la crisis económica en 2007 ha sido resuelta por la imposición, por parte de la troika –FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea-  de unas políticas, asumidas por los Gobiernos españoles, que han consistido en transformar la ingente deuda especulativa bancaria en deuda pública, así como en el dramático recorte de los servicios públicos para los ciudadanos. No han sido decisiones técnicas irremediables, sino decisiones políticas dirigidas a rescatar a las entidades bancarias y a dejar abandonadas a millones de familias sin recursos económicos.

Estas políticas suponen que cada vez más personas caigan atrapadas en un perverso círculo vicioso. Porque, por un lado, se socializa con dinero público las deudas provocadas por la especulación bancaria. Por otro, se provocan altísimas tasas de paro, precariedad y recortes en servicios públicos y prestaciones. Al final, las exiguas ayudas públicas se acaban, imposibilitando a muchos el acceso a necesidades básicas, como la vivienda. La paradójica conclusión es que los ciudadanos, que son los que han salvado a los bancos, son los que se encuentran en la calle por no poder pagar una hipoteca o por no poder hacer frente a un alquiler, sin que la Administración les ofrezca ninguna solución.

Los distintos Gobiernos del PP están aplicado con la máxima ortodoxia esta política injusta e inhumana. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Albacete pidió al principio de este mandato un crédito de más de 30 millones de euros, que lleva aparejados unos intereses de 10 millones que tendremos que pagar entre toda la ciudadanía. Al mismo tiempo, se han recortado severamente servicios públicos y políticas sociales. Buena prueba de ello es la política municipal de vivienda, en la que se demuestra la insensibilidad de este equipo de gobierno: inacción ante los miles de desahucios hipotecarios que cientos de familias sufren, paralización en la construcción de vivienda pública, inmovilismo en la gestión del parque público de viviendas y… venta de suelo público municipal para financiarse a costa de los ciudadanos que no tienen recursos para acceder a una vivienda.

Porque el Ayuntamiento de Albacete tiene suelo municipal, y en vez de construir vivienda social, lo subasta para poder financiarse. Así se constata en la propia página web del Ayuntamiento deAlbacete, en la que se anuncia, a través de la empresa municipal URVIAL, la venta de cinco solares, en suelo residencial consolidado, por un valor de partida que supera los 616.000 euros, susceptible de mejora por parte de las empresas que se presenten. La empresa que gane la subasta construirá y venderá vivienda libre, ya que se argumenta que hacer vivienda protegida sería incongruente al tratase de viviendas unifamiliares de dos alturas (ya se sabe, los pobres tienen que vivir en pisos hacinados). Mientras que el Ayuntamiento procede a este tipo de operaciones, para seguir pagando los cuantiosos intereses que le supone anualmente el referido crédito bancario, se han paralizado en la ciudad las promociones públicas iniciadas en el mandato anterior, tanto por la empresa URVIAL como por la Junta de Castilla-La Mancha. No sólo no se ha promovido vivienda pública de forma directa en estos cinco solares, sino que ni siquiera el Ayuntamiento ha impuesto como condición para la enajenación de los mismos, que las viviendas sean destinadas a un alquiler con opción a venta o directamente a un alquiler social, siendo seleccionados los inquilinos por el propio Ayuntamiento en base a criterios objetivos de falta de recursos económicos.  

Pero además, ahora ya podemos afirmar que el Ayuntamiento no sólo es extremadamente insensible a las necesidades de miles de ciudadanos que no llegan a fin de mes, sino que también está vulnerando de manera flagrante las leyes internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Porque si hasta ahora, determinadas tesis jurídicas mantenían que el derecho a la vivienda recogido en  la Constitución Española tenía un alcance limitado para las Administraciones, ahora todo ha cambiado a raíz de diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que crean jurisprudencia de obligado cumplimiento, en base a lo establecido por diversos tratados internacionales y europeos ratificados por el Estado español. Dicha jurisprudencia, de la que por cierto, pocos medios le han dado la extraordinaria importancia que tiene, prohíbe los desalojos arbitrarios de personas sin recursos económicos sin que haya una realojo previo por parte de las administraciones. 

En base a esta jurisprudencia del Tribunal Europeo, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca han elaborado un nuevo instrumento jurídico que establece que el Estado es siempre responsable y garante del derecho a la vivienda y por tanto, quien debe procurar una solución habitacional frente a los desalojos forzosos, en especial cuando se afecta a colectivos vulnerables, como los niños. Por tanto, señor Rajoy y señoras Cospedal y Bayod , ustedes no pueden seguir dejando tiradas en la calle a cientos de miles de familias sin recursos que no pueden hacer frente a las hipotecas o a los alquileres que establece el mercado privado o las propias administraciones. Si tan disciplinados son para seguir las directrices económicas de Europa, no deberían tener problemas en seguir esas mismas directrices dirigidas a garantizar los derechos humanos de tantas familias.

En el caso de la venta de estos 5 solares en Albacete, desconozco si el PP ha contado o no con el acuerdo de los otros dos partidos con representación en el Ayuntamiento y en la empresa pública URVIAL. De momento, no me consta que nadie haya salido criticando esta decisión. En mi opinión, es un asunto grave y prioritario, por lo que hago un llamamiento a las distintas organizaciones políticas y sociales de la ciudad para exigir al Ayuntamiento que paralicen esta subasta y que en estos solares se construya vivienda pública para alquiler a precio social. No se puede consentir que se expolie de esta manera el patrimonio municipal en perjuicio de la ciudadanía que peor lo está pasando en esta ciudad. Y no sólo ésto, si se quiere dar cumplimiento a lo que exige el Tribunal Europeo de DDHH, los Gobiernos de España, CCAA y Ayuntamientos deberían aprobar Planes públicos sociales y de  vivienda para impedir que aquellas familias que no tienen recursos se queden sin un techo digno. La decisión sigue siendo política: ¿Salvamos bancos o personas?

Enrique López

http://pag-abierta.blogspot.com.es/2014/03/no-la-venta-de-suelo-municipal-si-al.html

BANKIA, UN BANCO PUBLICO AL SERVICIO DE UNOS POCOS.

 

              

Como asesor financiero y miembro de esta plataforma ya he escrito algún que otro artículo sobre cuál es mi opinión sobre los desahucios desde un punto de vista estrictamente financiero. Soy de los que siempre he defendido que habría que haberlos parado desde el año 2008 simplemente porque los impagos hipotecarios no son los culpables de la situación de la banca, sino que es al contrario….las hipotecas no se pagan por  culpa de la situación de la banca. 

Si ahora nos ceñimos al caso concreto de Bankia, entidad que ha sido rescatada con 23.000 millones de euros en vena, es decir, perdidos definitivamente  (a lo que habría que sumar las inyecciones de liquidez del BCE, que es posible que algún día lo devuelvan….o no, nunca se sabe) es INHUMANO y VERGONZOSO que una Entidad pública desahucie a la gente simplemente porque se ha quedado en el paro, porque realmente el problema de los desahucios es ese, que la gente no tiene trabajo.

Siempre he defendido que se podría haber arbitrado una solución que, sin perdonar la deuda y sin necesidad de llegar a la dación en pago se podría haber dado una moratoria para que la gente que no pueda pagar la hipoteca no pierda sus casas y poder ponerse a amortizar dicho préstamo una vez que su situación personal se lo permitiera, pero no la Banca dice no. Algunos ex colegas míos de la banca cuando les comento esto me dicen que ello es imposible  porque la banca tiene obligación de ejecutar de forma inmediata porque novar un préstamo que no se paga va en contra de la normativa del Banco de España y además se deben a los intereses de sus accionistas y a nadie más.

Pues a esos va dirigido este artículo, porque hoy me he quedado ALUCINANDO lo que han hecho BBVA y Bankia con Dña Esther Koplowitz (dueña de FCC), y no es otra cosa que perdonarle (aplazarle) los intereses de un préstamo personal de 1.000 millones de euros (70 millones) ya que no puede pagarlos al no haber pagado dividendo FCC este año y además se los aplazan “sine die” hasta que FCC vuelva a pagar dividendo. Es decir una entidad pública, que es de todos los españoles, no le puede aplazar el pago de una hipoteca a un señor que se ha quedado sin trabajo hasta que lo encuentre pero en cambio  puede aplazar el pago de 70 millones de euros a la Sra Koplowitz, y todo ello con el agravante de que estos bancos tienen la garantía de las acciones de FCC para pagar el crédito de 1.000 millones, lo que hubiera permitido a BBVA y BANKIA hacer un negocio redondo al poder quedarse con las acciones de esta compañía (al igual que se quedan con las casas de los ciudadanos).

                Los presidentes de estos bancos, que supuestamente están para defender los intereses de sus accionistas deciden perjudicarles en favor de alguien que es amigo suyo pero deciden defender “a muerte” los de sus accionistas cuando los perjudicados son familias humildes que no pueden pagar la hipoteca.

Es simplemente, INTOLERABLE que una entidad cuyo 68 % del capital está en manos del Estado ponga en la calle a familias humildes y en cambio perdone una deuda para que una persona siga siendo propietaria de una compañía que cotiza en bolsa.

 ¿Qué intereses defiende el Presidente de Bankia? Los de los ciudadanos y los de los accionistas de Bankia, parece ser que no.

 

LAS 3 INSOLENTES MEDIDAS DE RAJOY PARA ACABAR CON LOS DESAHUCIOS.

Ya se sabía que fueron mera propaganda, incluso “publicidad engañosa” en palabras del juez Joaquím Bosch de JpD.

Nos referimos a esas 3 medidas que el gobierno de Rajoy ponía en marcha cada vez que había una demanda social en la calle, (como hizo al deshechar la ILP por la dación en pago), cada vez que aumentaba la presión social de los afectados (con casi 1000 desahucios ya parados), o cada vez que salía a la luz un nuevo suicidio (pese a que se han silenciado la gran mayoría).

¿Medidas para reformar la ley hipotecaria del año de Maricastaña? No, claro que no.

¿Medidas para evitar el endeudamiento de las familias y los privilegios de esa banca que siempre gana? Tampoco.

¿Medidas para proteger a las personas desahuciadas? Que va.

De lo que estamos hablando es del “Código de Buenas Prácticas”, un eufemismo para rogar a los bancos que se portaran bien, si ellos querían; del Real Decreto Ley 27/2012, que, en esa neolengua política tan utilizada por nuestros gobernantes, denominaron “Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios” que prácticamente no protegía casi a nadie; y de la última Ley 1/2013 de “Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social” llamada popularmente “Ley Antidesahucios", pero que no lo es puesto que ya Europa la ha tildado de “ilegal” dictaminando sendas sentencias en su contra.

Tres medidas que no solo han demostrado lo que siempre dijimos –que no servirían para proteger a los indefensos ciudadanos a los que se pretendía defender-, sino que antes al contrario, aún han beneficiado más a los bancos, condenando a las familias a deudas o cadenas perpetuas en muchos casos.

Ahora, trascurrido un tiempo más que suficiente para comprobarlo, queda muy claro a quien hizo caso el Gobierno. Y si no, juzguen Udes:

• De un lado, las personas afectadas -a través de las Plataformas Stop Desahucios y PAH- siempre dejaron muy claro que las medidas eran claramente insuficientes; la judicatura -a través de las tres principales asociaciones de jueces- las declararon “arbitrarias” y las calificaron de auténticos “fiascos”; y todos, jueces y afectados, advertían que esas medidas dejaban a la mayoría de las familias fuera.

• Del otro lado, el PP nos vendió en los medios que si se concedía la dación en pago se desestabilizaría el Sistema, así como la Banca, que a través del presidente de la AEB, Sr. Martín Fernández, llegó a pedir que no deberían “introducirse estímulos para dejar de pagar las hipotecas”.

¿A quién pues, hizo caso el Gobierno?...

1. El Código de Buenas Prácticas “para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual” era un ANEXO al Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de “medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos” y constituyó la primera engañifa. Primero por dejar como graciable y voluntario para los bancos el acogerse al mismo, según le interesara; y segundo porque dejaba fuera a la inmensa mayoría de familias afectadas como, de hecho, así reconocieron desde la comisión del Mº de Economía creada “ad hoc”, en el primer trimestre de su aplicación, que el 82% de las solicitudes presentadas fueron excluidas al no cumplir las exigentes condiciones requeridas. (Y un año después, dos de cada tres de las pocas solicitadas -3322 de las 4385- fueron directamente rechazadas y de las aceptadas no todas fueron concedidas).

Para ilustrar lo que decimos referiré tan sólo el último caso que hemos atendido personalmente, estas vacaciones, en un pueblo de CLM: Una familia gitana en situación de precariedad que cumpliendo todas las condiciones de vulnerabilidad exigidas, ve rechazada su solicitud porque su casa (una VPO para más INRI) superaba en 700 euros lo que la tramposa ley permitía para las ciudades de menos de 100.000 habitantes que son 120.000€. Vamos que parece que se hubiera hecho para que no entraran sino las chabolas, o las casas más viejas y deterioradas.

2. La moratoria de 2 años o Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre sobre “medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”. Igual que el Código de Buenas Prácticas, este RD está teniendo un alcance muy restringido y es tan rechazable como la anterior medida, primero porque excluye a la gran mayoría de familias y segundo, porque en el caso de la moratoria que terminará a finales de este año –si es que puede llamarse así- hay más fallas que en Valencia, como ahora veremos. Jocosamente decía “El Gran Wyoming” que con este decreto el portal de Belén, se lo hubiera quedado Bankia.

¿Qué quien hablaba de fallas? Pues también aquí han sido los propios jueces españoles los que han puesto el grito en el cielo. Y es que esta normativa deja fuera de la paralización de los desahucios por esos dos años a muchísimas familias afectadas: desde las familias con dos hijos (entran las de tres), o las madres solteras con un solo hijo (entran las que tienen dos hijos a cargo), hasta los casos en los que la casa se la queda por subasta un tercero (si entra si es el banco), o los pensionistas y jubilados que tampoco podrían acogerse a la paralización del desahucio si no tienen otras cargas familiares o son dependientes y además -en ningún caso- se paralizan los intereses de demora, por lo que la deuda seguirá aumentando y muy probablemente será más difícil de pagar dos años después.

3. La “Ley Antidesahucios o Ley 1/2013, de 14 de mayo de “Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. Esta ha sido la última puñalada de un Gobierno a sus ciudadanos con más dificultades a la vez que una nueva caricia a la banca a quien ayuda descaradamente con los recursos públicos de todo un pueblo. Otra perversa Ley, censurada en una Europa a la que este gobierno pretende burlar, y con la que permitía a los jueces que corrigieran las ilegítimas e ilegales clausulas abusivas, cuando así se recurrieran, con lo que subrepticiamente quedarían validadas por sentencia. Algo que no solo el Tribunal de Justicia Europeo ha descalificado, sino que hasta los propios jueces han denunciado recientemente. Porque ésta Ley 1/2013, en su Disposición Transitoria 2ª, creó una herramienta muy útil para la banca al obligar a los jueces a moderar los intereses de demora bancarios cuando éstos fueran abusivos, ajustándolos al límite de tres veces el interés legal del dinero. Esta decisión, sin embargo, va contra el criterio de la Justicia de la Unión Europea, que considera que, en caso de abusos, la consecuencia judicial debe ser la total eliminación de la cláusula, con la consecuente ganancia cero para la banca por este concepto, cosa que no ha ocurrido.

En definitiva, éste repugnante gobierno, además de haberse puesto del lado de la banca y no de la ciudadanía, como ya se ha visto en el RD de la moratoria de los dos años, permitiéndole no paralizar los intereses de demora, y además de estar haciéndolo nuevamente, como se ha comentado, en el tema de los intereses abusivos, lo vuelve a hacer -y en esa pelea estamos- con el caso de “las clausulas suelo” donde aún no ha movido ficha y apenas ha hecho unas recomendaciones para la galería. Como también aquí ya denunciamos “Y ahora, a por las cláusulas suelo abusivas”, se están regularizando novaciones de hipotecas que –si no estamos al loro- bajo el pretexto de ayudar a quien no puede pagar en este momento, les ofrecen eliminar las clausulas suelo durante unos años de carencia, pero sin advertir que lo que consiguen es que firmemos una nueva hipoteca que las perpetúan hasta el final y la revalidan para que ya no se puedan recurrir en el futuro.

Tres ejemplos más de cómo este gobierno del PP favorece a los bancos en contra de las familias afectadas, incluso en plena la crisis y aprovechándose del drama de los desahucios.

Nuestra esperanza para este año está, por un lado, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, por otro, en nuestra lucha, la de las más de 200 PAH de toda España sin las cuales nada o casi nada de lo que llevamos logrado (centenares de daciones en pago, quitas, condonaciones de deuda, paralización de subastas,…), se hubiera conseguido y la verdad, como ya estamos demostrando, es que...

... SI SE PUEDE.

Van a por nosotros. Pero son cobardes y nos tienen miedo porque somos más.

-La represión no es un signo de fuerza, sino de debilidad (Zizek)-

Como no pudieron parar judicialmente, los escraches, o las concentraciones frente al congreso, trataron de modificar el Código Penal, y no teniendo bastante con ello, (que entre otras cosas lograba imponer 2 años de cárcel por el tartazo a una presidenta), ahora quieren criminalizarnos con multas exageradas que pueden ir –no desde los 300 o 500 euros de ahora, sino de los 1.000, a los 30.000, o 600.000€. ¿Quién piensan que vamos a poder pagar esas multas: parados, desahuciados, jóvenes Ni-Ni, dependientes, el precariado, …?

La verdadera intención de la Ley de Servicios Mínimos que quieren sacar son sin duda una burda treta legal para atentar contra el Derecho de Huelga; Y la de la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, no es otra que acabar con la protesta pacífica y con los posibles levantamientos que, los recortes de derechos, salarios y libertades, pueden preverse en la ciudadanía cada vez mas indignada y dispuesta a todo.

Muchas de las nuevas acciones que quieren penalizar con la Ley mordaza, son las que hemos venido llevando a cabo desde las PAH y plataformas Stop Desahucios como la nuestra, tal y como puede verse en estas 11 que ya hemos realizado en algún momento y por las que –con esta Ley en la mano- podrían multarnos:

A) INFRACCIONES MUY GRAVES (Multa de 30.001 a 600.000 euros):

• Convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación.
• Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas
• Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.

B) INFRACCIONES GRAVES (Multa de 1.001 a 30.000 euros):

• Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.

• Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado

• Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad.

• Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse.

C) INFRACCIONES LEVES (De 100 a 1.000 euros):

• Se multarán los escraches a cargos públicos, (aunque ahora cambian la palabra escrache) por "Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas".
• Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto
• La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.
• Injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes.
• Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar el documento nacional de identidad cuando se acordara su retirada.

Si primero fue el infausto Ministro de Justicia, Sr. Gallardón quien planteó la reforma del código penal criminalizando lo que ellos llamaban “violencia callejera” (muchas veces azuzada por el propio sistema) por ser asimiladas a conductas terroristas, ahora es el deplorable Ministro del Interior Sr. Fernández Díaz el que -superando la Ley de Vagos y Maleantes del franquismo y la Ley Corcuera del 92-, nos quiere criminalizar por la vía administrativa con esta ley de la patada en la boca, que no sabemos si no es peor que la penal.

De hecho así lo han afirmado desde La cooperativa Red Jurídica: “la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana puede resultar incluso más preocupante que la reforma del Código Penal. Y es que las delegaciones del gobierno pueden hacer caja sin pasar por el juez. Y pensad que recurrir conllevaría el pago de tasas de hasta 2750€.

Esta ley nos tememos que, o nos paraliza, como ellos quieren y así seguir contándonos como mayoría silenciosa de la que se autoapropian para seguir “erre que erre” o, por el contrario, nos reactivará, tanto al 15-M, como a los diferentes movimientos sociales como el nuestro, al igual que pasó con el primero, cuando la Delegación de Gobierno de Madrid prohibió las concentraciones en la Puerta del Sol.

No sabemos si fue Zizek quien dijo aquello de que la represión es un signo de debilidad, pero no nos cabe ninguna duda de que lo es. Hasta en psicología social se reconoce que “…no se puede sostener que la represión sea democrática. Todo menos esto. Para efectuar la represión se requiere poner en suspenso la democracia y los derechos democráticos. Y se recurre a la represión cuando se siente la amenaza, por lo tanto cuando se siente la vulnerabilidad. No parece pues mostrarse como un signo de fortaleza, sino que al contrario, se trata de un recurso defensivo una muestra de debilidad”.

Nosotros, de momento, no debemos callar y advertir a nuestra gente que todo lo que cuentan es mentira y que desde luego el fin de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana no tiene por objetivo, como dice el ministro “garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

A Robar a Sierra Morena y a mentir al infierno, que es donde -si existiera- deberían estar estos sinvergüenzas que nos gobiernan. Junt@s podemos y no lo permitiremos.

Las Clausulas suelo son FINITAS. Por eso también salimos ayer a la calle

Puede sorprender el titular por cuanto hay decenas de adjetivos que se les pueden colocar a las llamadas clausulas suelo (abusivas, nulas, ilegales, …) y sin embargo ese de la “finitud” no le pega ni con cola; pero digamos ya desde el principio, y para no llamar a engaños, que se trata de un simple acróstico, para resumir algunas de las perversiones de esta treta bancaria que con la que antes, y ahora nos quieren seguir estafando las entidades financieras, incluso después de la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo, de sus aclaraciones del mes de junio, y de su ratificación de este mismo mes.

Y como ampliación a nuestra anterior entrada "Y ahora, a por las cláusulas suelo abusivas", resumimos esos cargos diciendo que las clausulas suelo son:

F-recuentes, ya que las tienen entre 1,7 y 3,5 millones de familias españolas;
I-legales, según el Tribunal de Justicia Europeo y su recurso permiten paralizar los desahucios;
N-ulas, según el Tribunal Supremo Español por falta de transparencia;
I-nmorales, porque sólo benefician a una parte, siempre al banco y nunca al cliente;
T-orticeras, porque se suelen colar entre medias de otros conceptos para que pasen desapercibidas;
A-busivas, por pretender cobrar mucho más del precio al que está el dinero en el mercado, y
S-encillamente ruines porque con la mera lectura del notario pretenden darlas por sabidas al cliente.

Una síntesis muy particular que debería bastar para salir a la calle, al menos en las 20 ciudades españolas donde nos concentraremos. No seremos muchas las personas que lo hagamos, pero esto ha de ir calando como agua fina, ya que somos varios millones de familias en España las que tenemos estas malignas clausulas en nuestras hipotecas, y la mayoría lo desconocen.

Y para quien piense que esto solo es una manera más de ir contra el gobierno, que visite “El bosque y los árboles”, de la interesante bloguera Verónica del Carpio, donde encontrará las últimas sentencias y resoluciones judiciales que SI conceden la retroactividad de la aplicación en los casos de nulidad de las referidas clausulas suelo (Ourense, Málaga, Bilbao, Cáceres, Gijón, Palencia, Madrid, Cantabria, Cuenca, Ciudad Real,…) y no solo en el caso de las tres entidades condenadas (que ya las han quitado) como son BBVA, NovaCaixaGalicia y Cajamar, sino también otras muchas como nuestra CCM y el Liberbank.


Y os dejo ya porque me voy a la concentración que en mi ciudad y apoyada por la plataforma Stop Desahucios Albacete, vamos a tener ahora a las 12 de la mañana en el Altozano para gritar y explicar eso del STOP A LAS CLAUSULAS SUELO,

Derecho a techo

Derecho a techo from Bruno Aretio on Vimeo.

En España se calcula que puede haber entre 5 y 6 millones de viviendas vacías y unas 23000 personas sin techo, es decir: más de 200 viviendas vacías por cada persona que no tiene techo. El dato es escalofriante.

Cuando nosotros empezamos a pensar en el problema concreto (dar alojamiento a Isaki, Yoro y Abdoulay), nos dimos cuenta que la solución (dejarles habitar una casa que se encontraba vacía) no era solo una solución para sus problemas, sino que planteaba una solución ética y práctica para los que se encontraban al otro lado de la crisis inmobiliaria: los propietarios.

Por supuesto, esta solución no transita los pasos que se han establecido por la fiebre que alimentó la crisis inmobiliaria.Hay que dejar de pensar que la vivienda es un bien y un producto para la especulación, y pensarla (así se plantea incluso en la Constitución) como un derecho.

derechoatecho.es/

En feria también se consume solidaridad

La compañera Mar Defez, del medio alternativo TuAlbacete, publicó esta información sobre el acto de recogida de alimentos que organizamos el pasado sábado 14 de septiembre durante la feria de nuestra capital. El original lo podéis leer aquí.

Ante la extrema necesidad de multitud de familias desfavorecidas y en riesgo de exclusión social, la Plataforma Stop Desahucios de Albacete, ha organizado hoy una recogida de alimentos en el Templete de Los Jardinillos de La Feria.

 

A las 8h de la mañana, los voluntarios han comenzado a montar la jaima que ha servido para almacenar los alimentos y de 10h a 20h han estado recogiendo gran cantidad de comestibles que la ciudadanía, de manera solidaria, han hecho llegar a la plataforma.

En España se produjeron, en 2012, 91.622 ejecuciones hipotecarias (un 17,7% más que en 2011) y 147.442 desahucios o “lanzamientos” que es como se denomina judicialmente el acto que consiste en desalojar físicamente a los ocupantes de la vivienda (si es necesario por la fuerza) y cambiar la cerradura.

El pasado año, según datos de EUROSTAT, 12,4 millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestro país y la demanda en el uso de comedores sociales se ha incrementado en un 225%. Sólo en Albacete se reparten diariamente 400 comidas en estos centros.